a)    El titular de la información siempre podrá conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al responsable de la Información y aquellos que actúen como Encargados del tratamiento.
 
b)    Los Titulares o sus causahabientes debidamente acreditados de conformidad con la Ley, podrán consultar una vez al mes, mediante solicitud escrita, de forma gratuita y con arreglo a la Ley sus datos que reposen en cualquier base de datos cuyo responsable sea ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA. En este sentido, ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA. garantizará el derecho de consultar toda la información contenida en el registro individual del Titular o vinculada con la identificación del mismo. Para ejercer este derecho, el Titular deberá seguir el paso a paso que se indica en la Sección de Procedimiento para el ejercicio de los derechos del titular de la presente Política.
 
c)    Los Titulares o sus causahabientes podrán realizar la Rectificación y actualización de datos, acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos a solicitud frente al responsable y/o Encargado de la Información. Podrá ejercer este derecho respecto a la información de que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos indicados para presentar reclamos. En caso de rectificación y actualización de datos, el titular deberá indicar las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición.
 
d)    Siempre que no se trate de aquellos casos en los cuales la Ley o la relación contractual que se tiene con el Cliente y sus agentes, empleados, dependientes, contratistas entre otros exceptúe a Seguridad Atlas de obtener la Autorización del Titular, los cuales se señalan en la presente Política, el Titular podrá solicitar a ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA. prueba de la Aceptación dada para el Tratamiento de sus datos.
 e)    Cuando el Titular crea que se ha incumplido esta Política o la normatividad vigente sobre la protección de datos personales, podrá presentar una queja en ese sentido ante ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
 
f)     Solicitar revocatoria y supresión de datos cuando el Tratamiento no respete los principios, derechos y garantías constitucionales.
 
g)    El titular, tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, en los siguientes casos:
 
·         Si los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente.
·         Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados.
·         Si se ha superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron recabados.
 
La supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de los registros, archivos, bases de datos. El derecho de cancelación no es absoluto y el responsable del tratamiento, podrá negar el ejercicio de este cuando:
 
·         El titular del dato tenga un deber legal o contractual de permanecer en las bases de datos.
·         Si la eliminación de los datos obstaculiza las actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, laborales, contractuales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas.
·         Si los datos son requeridos para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular; para realizar una acción en función del interés público, o cuando sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida.
 
h)    El Titular podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o contractual. La revocatoria de la autorización la podrá realizarse sobre la totalidad de las finalidades consentidas; o podrá revocar la autorización de manera parcial, así mismo, podrá solicitar prueba de la autorización de tratamiento salvo los casos en que la ley indique que dicha autorización no es necesaria. Por ejemplo, cuando se trata de datos públicos. Dentro de los derechos de El Titular también está el de acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando considere que se está presentando una infracción a la ley.